Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. En pleno siglo XXI, el Derecho internacional atraviesa una de las crisis más profundas desde su consolidación moderna. Expertos señalan que el mundo ha retrocedido casi dos siglos en materia jurídica y humanitaria, reviviendo prácticas que se creían superadas y que hoy vuelven a imponerse bajo la sombra del poder y la fuerza.

Los pilares históricos que sostuvieron la convivencia entre Estados —pacta sunt servanda, ius bellum, ius gentium— parecen haberse diluido en un escenario global donde predomina la ley del más fuerte. Tratados que antes constituían garantías mínimas de estabilidad y respeto mutuo hoy se rompen sin reservas, sin sanciones efectivas y sin mecanismos reales de contención.

A este retroceso se suma un fenómeno alarmante: el resurgimiento del lombrosianismo, postura pseudocientífica del siglo XIX que asociaba rasgos físicos, raciales y estéticos con tendencias criminales. Esta visión retrógrada, que fue desechada por la academia y rechazada por los marcos de derechos humanos, reaparece ahora en discursos políticos, en prácticas migratorias y hasta en evaluaciones judiciales, configurando un peligroso precedente para la dignidad humana.

En este contexto, resurgen cuestionamientos de fondo sobre el propósito histórico del Derecho. Como lo expresó Carnelutti en Cómo nace el Derecho, su origen fue esencialmente práctico: resolver conflictos económicos, proteger la propiedad privada y asegurar garantías mínimas para organizar la vida social. Sin embargo, hoy estos principios fundacionales parecen erosionados. El patrimonio y los recursos de los Estados menos poderosos se ven amenazados por decisiones unilaterales de actores hegemónicos que buscan, bajo múltiples pretextos, arrancar de las manos aquello que históricamente perteneció a las naciones.

Paralelamente, se observa el debilitamiento progresivo de los mecanismos internos de control y justicia. En numerosas jurisdicciones ya no se respeta el debido proceso, se neutralizan las acciones de amparo constitucional y se relativizan los mandatos de las cartas magnas, mientras los organismos internacionales se mantienen en silencio, con una postura que raya en la indiferencia. La erosión de las garantías fundamentales avanza frente a una comunidad global que observa, inmutable, cómo se desmorona el edificio jurídico construido durante siglos de luchas.

Este retorno al oscurantismo jurídico plantea desafíos inéditos. Las normas que alguna vez ordenaron el sistema internacional parecen incapaces de frenar la expansión de prácticas arbitrarias. Los especialistas advierten que, si esta tendencia no se revierte, corremos el riesgo de perder —quizá de forma irreparable— los avances civilizatorios que definieron a las naciones modernas.

El futuro del Derecho, concluyen, dependerá de la capacidad de la comunidad global de reaccionar, reconstruir consensos y restituir la vigencia de los principios que alguna vez protegieron la libertad, la justicia y la dignidad humana. Mientras ello no ocurra, el mundo seguirá hundiéndose en una época que nunca debió regresar.

Ciudad de Panamá, 2025. — En medio de un clima mundial marcado por tensiones geopolíticas, la comunidad internacional enfrenta un debate crucial sobre la legalidad de las intervenciones militares en aguas internacionales, incluso cuando son justificadas bajo argumentos de seguridad nacional o defensa preventiva. Las recientes operaciones militares sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han encendido alarmas sobre el posible deterioro del orden jurídico internacional.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR / UNCLOS, 1982), las aguas internacionales —o alta mar— se rigen por el principio de libertad de los mares, establecido en su Artículo 87, que prohíbe a cualquier Estado reclamar soberanía o ejercer control exclusivo sobre estas áreas. A su vez, el Artículo 88 reafirma que la alta mar está “abierta a todos los Estados” y deberá utilizarse exclusivamente con fines pacíficos.

Aunque UNCLOS contempla excepciones muy específicas —como la lucha contra la piratería en el Artículo 100, la trata de personas en el Artículo 110, y la represión del tráfico de estupefacientes en el Artículo 108—, la Convención no autoriza operaciones militares unilaterales motivadas por intereses geopolíticos o económicos. Si bien permite el derecho de visita en circunstancias excepcionales, no habilita acciones armadas que alteren la paz o la seguridad internacionales.

Por su parte, la Carta de las Naciones Unidas (1945), piedra angular del Derecho Internacional contemporáneo, establece reglas claras sobre el uso de la fuerza:

El Artículo 2(4) prohíbe expresamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El Artículo 51 reconoce el derecho a la legítima defensa, pero únicamente en caso de ataque armado y exige notificar inmediatamente al Consejo de Seguridad.

El Capítulo VII, especialmente los Artículos 39, 41 y 42, determina que solo el Consejo de Seguridad puede autorizar medidas coercitivas, incluidas operaciones militares, cuando exista una amenaza a la paz o un acto de agresión.

A pesar de este marco normativo, varios Estados han realizado intervenciones en alta mar amparándose en conceptos controvertidos como “defensa anticipada”, “neutralización de amenazas emergentes” o “protección de rutas estratégicas”, aun cuando tales nociones no están recogidas ni en UNCLOS ni en la Carta de la ONU, y en muchos casos contradicen el espíritu y la letra del Derecho Internacional Consuetudinario.

Ante este panorama, juristas internacionales sostienen que la ONU debe pronunciarse con mayor firmeza. Señalan que la Organización debería:

1. Reafirmar la supremacía de la Carta de la ONU como marco rector del uso de la fuerza.

2. Recordar que toda intervención militar en alta mar requiere la autorización del Consejo de Seguridad, salvo legítima defensa estrictamente comprobada.

3. Fortalecer los mecanismos de supervisión internacional, incluyendo procedimientos de notificación y verificación previa conforme a UNCLOS y la Carta.

4. Promover una posible actualización de la CONVEMAR, especialmente respecto a amenazas no tradicionales como drones marítimos, ciberataques a infraestructuras oceánicas y disputas sobre recursos energéticos.

5. Reiterar que los intereses geopolíticos no pueden sustituir el consenso jurídico multilateral, principio sostenido desde la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU).

La comunidad internacional teme que, si estas prácticas no se controlan, las aguas internacionales —concebidas por tratados fundamentales como un espacio común de la humanidad— puedan convertirse en un escenario permanente de confrontación y fuerza unilateral.

Según fuentes diplomáticas, varios Estados Miembros ya preparan proyectos de resolución para clarificar las condiciones de operación en la alta mar y reafirmar la autoridad del Consejo de Seguridad como garante de la paz global.

Los especialistas concluyen que el futuro del orden marítimo internacional dependerá de la capacidad de los Estados para recordar que ni el océano está fuera de la ley, ni la geopolítica puede imponerse sobre los tratados que rigen la convivencia mundial.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. En un clima global marcado por polarizaciones ideológicas cada vez más intensas, los términos “Derecha” e “Izquierda” vuelven a ocupar titulares, debates y redes sociales. Pero pocos recuerdan que estas palabras, hoy cargadas de connotaciones políticas, nacieron de un hecho aparentemente simple y casi accidental ocurrido hace más de dos siglos en Francia.

El origen se remonta a 1789, durante los primeros meses de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, creada tras el estallido de la Revolución Francesa. En aquel momento histórico, los diputados se acomodaron en el recinto de una manera que, sin proponérselo, daría forma al vocabulario político del mundo contemporáneo.

A la derecha del presidente de la Asamblea se sentaron los representantes que defendían la monarquía, la tradición, y un cambio limitado del antiguo régimen. Eran, en general, partidarios del orden establecido, la propiedad como eje de estabilidad social y una transición gradual que mantuviera la estructura jerárquica previa.

En contraste, a la izquierda del presidente se ubicaron los diputados que impulsaban transformaciones profundas: la abolición de privilegios, el fortalecimiento de la soberanía popular y la construcción de un Estado basado en los principios de igualdad y derechos ciudadanos. Este grupo, más cercano a las ideas ilustradas y republicanas, defendía reformas que buscaban romper con siglos de dominación aristocrática.

La distribución espacial —derecha conservadora, izquierda reformista— no fue producto de una teoría política previa, sino de una decisión práctica que pronto se convirtió en símbolo. Los ciudadanos que asistían a las sesiones comenzaron a referirse a “los de la derecha” y “los de la izquierda” para distinguir posiciones ideológicas. La prensa francesa adoptó rápidamente los términos, y hacia 1791 ya se encontraban en panfletos y periódicos como categorías políticas establecidas.

Con el tiempo, estas expresiones cruzaron fronteras y sobrevivieron a imperios, guerras y revoluciones. Aunque sus significados han variado según la época y el país, la esencia histórica se ha mantenido: la derecha asociada al orden, la tradición y la conservación, y la izquierda vinculada al cambio, la igualdad y la reforma social.

En la actualidad, con debates políticos cada vez más polarizados, esos términos siguen vigentes, aunque frecuentemente simplificados o mal interpretados. Lo cierto es que su origen —un simple acomodo en un salón de debates— refleja que la política, incluso cuando parece compleja, nace muchas veces de gestos cotidianos que terminan transformando la historia.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. El escenario internacional enfrenta una grave crisis de legitimidad jurídica tras la reciente imposición de aranceles comerciales por parte de Estados Unidos, decisión tomada de manera unilateral y en abierta contravención a los principios fundamentales del derecho internacional, especialmente el de pacta sunt servanda —la obligación de cumplir los tratados de buena fe—.

El Gobierno estadounidense, amparándose en interpretaciones internas de "seguridad nacional" y "equidad económica", anunció nuevos aranceles a una serie de productos provenientes de socios tradicionales como la Unión Europea, Japón, y varios países latinoamericanos. Expertos en derecho internacional, organizaciones multilaterales y líderes políticos de todo el mundo han condenado la medida, señalándola como una ruptura flagrante del compromiso internacional adquirido bajo acuerdos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tratados bilaterales vigentes.

"Lo que Estados Unidos está haciendo es reinterpretar de forma aislada sus obligaciones internacionales, algo que socava el principio de pacta sunt servanda y pone en riesgo todo el sistema de cooperación jurídica global", advirtió la profesora Elisabeth Moran, especialista en derecho internacional de la Universidad de Cambridge.

El principio de pacta sunt servanda, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, sostiene que los tratados deben cumplirse de buena fe y que las partes no pueden invocar su derecho interno como justificación para incumplir sus obligaciones. La unilateralidad norteamericana, según analistas, abre la puerta a que otros países justifiquen acciones similares, debilitando los mecanismos multilaterales de resolución de disputas y afectando la estabilidad jurídica y económica global.

Organismos como la OMC y Naciones Unidas han emitido comunicados expresando su "profunda preocupación" por las acciones estadounidenses, advirtiendo que podrían desencadenar una espiral de medidas proteccionistas y represalias comerciales, desestabilizando el orden internacional basado en reglas.

En respuesta, varios países han anunciado la posible adopción de contramedidas conforme al principio de reciprocidad, mientras crece la presión para convocar una cumbre de emergencia destinada a restaurar el respeto al derecho internacional y contener el deterioro del sistema multilateral.

"Si el respeto a los tratados se vuelve opcional, el mundo regresará al unilateralismo y a la ley del más fuerte, como en épocas que creíamos superadas", concluyó Moran.

La crisis abierta por esta interpretación unilateral de los compromisos internacionales pone en evidencia la fragilidad de los consensos construidos tras la Segunda Guerra Mundial y deja al descubierto una peligrosa tendencia: el retorno del poder bruto sobre el derecho como principio rector de las relaciones internacionales.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. El ecosistema de activos virtuales en Panamá, aunque prometedor, aún se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a regulación y desarrollo de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Este sector, que incluye plataformas de intercambio de criptomonedas, servicios de custodia digital y transferencia de activos virtuales, ha crecido de manera significativa en la región, pero Panamá todavía enfrenta retos para consolidarse como un referente en esta área.

Panamá: Un Mercado en Evolución

En los últimos años, el país ha mostrado un interés creciente en adoptar tecnologías como la blockchain y las criptomonedas, gracias a su posición estratégica como centro financiero. Sin embargo, la falta de una regulación específica para los VASP ha limitado su desarrollo, generando desafíos como:

• Inseguridad jurídica: Las empresas carecen de un marco claro que respalde sus operaciones y atraiga inversión extranjera.

• Riesgos de delitos financieros: La ausencia de regulación adecuada incrementa el potencial de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Falta de educación y adopción tecnológica: Aunque el interés en criptomonedas está en aumento, muchos usuarios y empresas aún desconocen los beneficios y riesgos asociados a los VASP.

Oportunidades para Panamá

A pesar de su desarrollo incipiente, Panamá tiene una gran oportunidad de posicionarse en la región como un líder en activos virtuales si adopta un enfoque estratégico:

• Creación de un marco regulatorio: Basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá puede establecer reglas claras para el licenciamiento, operación y supervisión de los VASP.

• Fomento de la innovación: Incentivar a las startups de tecnología financiera para que desarrollen soluciones relacionadas con activos virtuales y blockchain.

• Atracción de inversiones: Un marco regulatorio robusto y transparente puede convertir a Panamá en un hub regional para empresas de criptomonedas.

• Protección del consumidor: Garantizar que las operaciones de los VASP sean seguras y confiables para los usuarios.

El Camino Hacia la Regulación

Panamá ya cuenta con iniciativas que buscan establecer lineamientos en el manejo de activos digitales, como el Proyecto de Ley de Criptoactivos discutido en la Asamblea Nacional. No obstante, su aprobación ha enfrentado obstáculos debido a debates sobre los riesgos y beneficios asociados con el uso de criptomonedas.

Una regulación adecuada no solo protegerá al sistema financiero, sino que también fomentará la adopción segura y responsable de esta tecnología. Al regular los VASP, Panamá puede dar un paso importante hacia la digitalización de su economía, garantizando transparencia, seguridad y competitividad.

Conclusión

Aunque el desarrollo de los VASP en Panamá está en una etapa temprana, el país cuenta con el potencial para convertirse en un líder regional en activos virtuales. Con un enfoque regulatorio que priorice la innovación y la seguridad, Panamá puede aprovechar esta oportunidad para fortalecer su posición como un hub financiero global.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió ayer un fallo histórico, reafirmando que los abogados, como profesionales liberales, no están obligados a pagar impuestos sobre el ejercicio de su profesión. Esta decisión se basa en la interpretación del segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política de la República de Panamá.

El fallo responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios gremios de abogados, quienes argumentaron que las recientes reformas fiscales que pretendían gravar los ingresos de los profesionales del derecho contravenían la Carta Magna del país. La Corte, en su sentencia, sostuvo que el artículo 40 de la Constitución establece una protección especial para las profesiones liberales, entre las que se incluye la abogacía, excluyéndolas de la obligación de tributar por los servicios que prestan de manera independiente, así como la obligación legal de llevar facturación electrónica para cualquier efecto de cobro.

El segundo párrafo del artículo 40 establece que "las profesiones liberales, en cuanto al ejercicio individual y personal de las mismas, no estarán sujetas al pago de impuestos o tributos." Con base en esta disposición, la Corte concluyó que cualquier intento de gravar a los abogados violaría el principio de igualdad y la libre práctica profesional consagrada en la Constitución.

El fallo ha generado una ola de reacciones en el país. Mientras los gremios de abogados celebran la decisión como una victoria para la defensa de los derechos profesionales, otros sectores han expresado su preocupación por el impacto que esta exoneración fiscal podría tener en las finanzas públicas.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que está estudiando las implicaciones del fallo y no descarta presentar una propuesta de reforma constitucional para eliminar lo que consideran un "privilegio injustificado" para los abogados. Por su parte, la Asamblea Nacional ha convocado a una serie de audiencias públicas para discutir el tema y evaluar posibles acciones legislativas.

Este fallo se convierte en un precedente clave para las demás profesiones liberales en Panamá, quienes podrían verse beneficiadas por la interpretación de la Corte, abriendo la puerta a futuras demandas y modificaciones en el régimen fiscal del país.

Lamentablemente este es el resultado de una pésima interpretación legal de parte del gobierno anterior y de las autoridades fiscales en su momento, ya que ha hecho carrera en Panamá, por desconocimiento de la jeraquía de las Leyes y existen funcionarios en el ámbito administrativo que pretenden legislar desde sus escritorios, haciendo de curso normal, decretos o resoluciones administrativas que son abiertamente contrarias a garantías constitucionales, sino recordemos el estrambótico Contrato-Ley que se firmó para la Mina de Donoso y tristemente que ninguno de las centenas de abogados que existen en las instituciones públicas panameñas, adviertan de los exabruptos que se pueden llegar a cometer, cuando la ignorancia y la estulticia son las que mandan. 

Si es preciso reformar la constitución para corregir o agregar o suprimir garantías y derechos ciudadanos, por supuesto que se haga, pero bajo las reglas de juego que impone el imperio de las Leyes y por los conductos delimitados para tales fines, no es un llamamiento a desobedecer las leyes o a buscar privilegios particulares, solamente en nuestro sector, pero si un alarido para que no se hagan cosas que son incorrectas para cualquier ciudadano, incluídos los graduado(a)s en profesiones liberales.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. El presidente de Panamá, Mulino, ha solicitado una cumbre urgente de países latinoamericanos y de la comunidad internacional para abordar la crisis en Venezuela. Este llamado se produce en un momento crítico, donde la situación política y humanitaria en Venezuela sigue deteriorándose, afectando no solo a su población, sino también a la estabilidad de la región.

El presidente Mulino destacó la necesidad de una acción concertada para buscar soluciones pacíficas y sostenibles a la crisis venezolana. "La situación en Venezuela es insostenible y tiene repercusiones directas en toda la región. Es imperativo que nos reunamos como naciones hermanas para abordar esta crisis de manera conjunta", afirmó Mulino durante un discurso en el Palacio de las Garzas.

La cumbre, que se espera tenga lugar en la Ciudad de Panamá en las próximas semanas, convocará a líderes de América Latina, así como a representantes de organizaciones internacionales como la ONU y la OEA. Se discutirá una amplia gama de temas, incluidos los derechos humanos, la asistencia humanitaria, y las posibles sanciones económicas y diplomáticas.

Esta convocatoria refuerza el papel de Panamá como un mediador clave en la región, comprometido con la paz y la estabilidad en América Latina. El presidente Mulino también enfatizó la importancia de mantener un enfoque humanitario y diplomático para resolver la crisis, evitando cualquier tipo de intervención militar.

Se espera que la cumbre brinde una plataforma para que los países afectados por la crisis en Venezuela puedan expresar sus preocupaciones y proponer soluciones viables. La comunidad internacional observa con interés esta iniciativa, con la esperanza de que pueda contribuir a una resolución pacífica y duradera de la situación en Venezuela.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Ciudad de Panamá, - República de Panamá. El Sistema Penal Acusatorio de Panamá, implementado para mejorar la justicia y la transparencia, ha sido objeto de críticas recientes por parte de expertos legales y organizaciones de derechos humanos. A pesar de los avances logrados desde su introducción, se han identificado varios defectos que requieren atención urgente para garantizar un funcionamiento eficaz y justo.

Uno de los problemas más destacados es la sobrecarga de trabajo en el sistema judicial. La falta de personal adecuado y de recursos ha llevado a demoras significativas en la resolución de casos, lo que afecta tanto a las víctimas como a los acusados. Esta situación ha generado preocupación sobre el derecho a un juicio rápido, fundamental para la justicia penal.

Otro defecto señalado es la insuficiente capacitación de los operadores de justicia. Aunque se han realizado esfuerzos para formar a jueces, fiscales y defensores públicos en el nuevo modelo, la capacitación a menudo ha sido considerada inadecuada. Esto ha resultado en errores procesales y decisiones judiciales cuestionables, socavando la confianza pública en el sistema.

Además, se ha criticado la desigualdad en el acceso a la defensa adecuada. Mientras que los acusados con recursos económicos pueden contratar abogados privados de alta calidad, aquellos sin recursos dependen de defensores públicos que a menudo están sobrecargados de trabajo y carecen de recursos suficientes. Esto ha llevado a percepciones de injusticia y desigualdad en el trato de los acusados.

El sistema también enfrenta desafíos en cuanto a la protección de los derechos de las víctimas. Las organizaciones de derechos humanos han señalado que, aunque el sistema penal acusatorio está diseñado para ser más transparente y respetuoso de los derechos de todos los involucrados, las víctimas a menudo sienten que sus necesidades no son adecuadamente atendidas, particularmente en casos de violencia doméstica y abuso sexual.

Ante estos desafíos, expertos y defensores de derechos humanos están llamando a una revisión y reforma integral del sistema penal acusatorio. Proponen aumentar la inversión en recursos judiciales, mejorar la capacitación de los operadores de justicia, y garantizar el acceso equitativo a la defensa. También abogan por un enfoque más centrado en las víctimas, que incluya apoyo y protección adecuados durante todo el proceso judicial.

El Ministerio Público ha reconocido estos problemas y ha prometido trabajar en conjunto con las partes interesadas para abordar las deficiencias identificadas. Mientras tanto, el debate sobre cómo mejorar el sistema penal acusatorio continúa, con el objetivo de garantizar una justicia más rápida, justa y equitativa para todos los ciudadanos, esperemos que la Constituyente Originaria prometida por el presidente Mulino, logre un resideño institucional acorde con las necesidades que tiene Panamá y en especial se ocupe del capítulo de la justicia, que se encuentra bastante desencuadernada y en estado crítico, en un país que se merece mucho más de este sector, ya que la impunidad es el mayor aliento para la injusticia; cuando no hay consecuencias, el mal se siente en casa, Muchos operadores judiciales, se están comportando de manera equiparable a los mismos delincuentes.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

Washington D.C., - USA. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado oficialmente su retiro de la política activa, poniendo fin a una carrera de décadas en el servicio público. En una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, Biden expresó su gratitud por el apoyo recibido a lo largo de los años y compartió sus planes para el futuro.

"Es un honor y un privilegio haber servido como presidente de este gran país," declaró Biden. "Sin embargo, llega un momento en la vida de cada persona cuando es hora de dar un paso atrás y permitir que una nueva generación tome las riendas. Hoy anuncio mi retiro de la política activa, sabiendo que el futuro de Estados Unidos está en buenas manos."

El presidente Biden, quien ha sido una figura central en la política estadounidense durante más de medio siglo, reflexionó sobre los logros de su administración, incluyendo la gestión de la pandemia de COVID-19, la recuperación económica, y los avances en justicia social y cambio climático. También destacó la importancia de la unidad y la colaboración bipartidista para enfrentar los desafíos del país.

En cuanto a sus planes futuros, Biden mencionó que dedicará su tiempo a la escritura, la enseñanza y el trabajo en su fundación para apoyar causas relacionadas con la justicia social, el cambio climático y la salud pública. Asimismo, expresó su deseo de pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus nietos.

La reacción al anuncio ha sido mixta, con mensajes de aprecio y gratitud de colegas políticos de ambos partidos, así como de líderes internacionales. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, elogió a Biden por su liderazgo y dedicación al país, y expresó su compromiso de continuar el trabajo iniciado por su administración.

El retiro de Biden marca el fin de una era en la política estadounidense y abre un nuevo capítulo para el país. Los analistas políticos ya están especulando sobre los posibles candidatos para sucederlo y el impacto que su retiro tendrá en las elecciones futuras. Mientras tanto, la nación se prepara para honrar el legado de un presidente que ha dejado una marca indeleble en la historia de Estados Unidos.

Por Lic. Lucio H. Mora H.

El Sistema Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUBF) de Panamá es una plataforma electrónica creada por la Ley 129 de 2020 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo 13 de 2022, administrada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF).

Su propósito es centralizar la información de los beneficiarios finales de las personas jurídicas constituidas o registradas en Panamá, para que las autoridades competentes puedan acceder de forma rápida y segura a estos datos en el marco de investigaciones o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Objetivos principales:

• Transparencia corporativa: Garantizar que se conozca quiénes son las personas naturales que en última instancia poseen o controlan una sociedad.

• Cumplimiento normativo internacional: Alinear a Panamá con los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de prevención de delitos financieros.

• Acceso rápido a la información: Permitir a las autoridades obtener datos de beneficiarios finales sin necesidad de largos procesos judiciales.

Características clave:

Registro obligatorio para todas las sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y otras personas jurídicas constituidas o registradas en Panamá.

• Definición de beneficiario final: Persona natural que posea directa o indirectamente el 25 % o más de las acciones o derechos de voto, o que ejerza control efectivo sobre la entidad.

• Administración del registro: Los datos no son públicos; solo pueden ser consultados por la SSNF y otras autoridades autorizadas.

• Responsabilidad del agente residente: Es el encargado de inscribir y mantener actualizada la información en el RUBF.

• Plazos de actualización: Generalmente, 30 días hábiles para informar cambios en la información del beneficiario final.

• Sanciones: Multas económicas y suspensión de derechos corporativos en caso de incumplimiento.